| Liderazgos bajo sospecha |
| Escrito por Alberto Barrios |
| Lunes, 15 de Febrero de 2010 00:00 |
Amparados por más sombras que luces, los organismos empresariales en Quintana Roo encaran fraudes de sus ejecutivos; están sometidos a investigaciones federales por malversación de recursos y simulación de proyectos, son botín de grupos políticos y empresariales, carecen de representatividad por desinterés de los afiliados y otros son verdaderos “fantasmas” que aparecen y desparecen a la conveniencia de sus promotores.
Son aproximadamente 100 organismos entre confederaciones, cámaras, gremios, asociaciones y colegios que representan en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal a empresas de hotelería, restaurantes, bancos, agentes aduanales, agencias de viajes, campos de golf, arrendadoras de automóviles, marinas, artes gráficas, spas, desarrolladoras de viviendas y de software, incluyendo a una asociación de género, que representa a nivel estatal a mujeres empresarias, que se convierte en la excepción de la regla, por el activismo de sus presidentas. Los claroscuros de los organismos empresariales son evidentes cada año, cuando renuevan dirigencias, convertidas en posiciones de las que rehúyen, ya que son cargos honoríficos que implica destinar recursos en lugar de recibirlos. Reconocidos como ejes del dinámico desarrollo económico de la Zona Norte, los empresarios del Caribe Mexicano no han podido reflejar esa eficiencia en los organismos que los representan, varios de los cuales desde su nacimiento han estado en escándalos de corrupción, como el conocido caso de Antonio Abdó Sarabillón, quien renunció a la presidencia de la Asociación de Hoteles en febrero de 1993, acusado por un fraude de un millón 46 mil de nuevos pesos, lo que provocó que el edificio fuese embargado y rescatado apenas hace pocos años. Emblemático es el caso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que posee dos edificios: uno en Cancún y otro en Chetumal, en donde fue ratificado otro año como presidente Carlos Cuauhtémoc Martínez Aguilar, quien el 2009 fue beneficiado, por medio de su empresa Emulsiones Asfálticas de la Bahía, con más de 65 millones de pesos en obra pública. De hecho, junto con parte de su directiva, fue de los pocos constructores beneficiados con obra pública el año pasado porque si bien ante los medios, afirma que el 80 por ciento del monto de las obras en Quintana Roo asignadas por el Gobierno del estado, vía dependencias, las ganó algún afiliado de la CMIC estatal, una simple inspección a la información oficial emitida por Compranet revela que solamente el 40 por ciento del monto se destinó a afiliados de Quintana Roo, 20 por ciento a no afiliados y el restante 40 por ciento a empresas foráneas. ASPIRADORA DE RECURSOS Cámaras y asociaciones empresariales, por Ley, son organismos intermedios de consulta de los gobiernos federal, estatal y municipal; en el Caribe Mexicano perviven más por la necesidad de las autoridades de contar con una contraparte que encauce inquietudes, que por la fortaleza de ideales empresariales o representatividad; de hecho, al representar institucionalmente al empresariado, muchos de estos, como la Canaco, sólo sirven de conducto para el registro ante el Sistema de Información Empresarial (SIEM) o para obtener diversas prestaciones que ofrecen empresas como Telmex o para acceder a fondos mixtos de financiamiento como es el caso de la Canacintra Cancún, ahogada en un proceso de investigación federal por el uso de recursos no aplicados en una fábrica de palillos en el municipio José María Morelos. Ante la falta de representatividad, las propuestas de los organismos empresariales suelen ser desechadas, como el reciente caso del Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implan), que fue desbaratado por el edil Gregorio Sánchez Martínez cuando el compromiso firmado con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cuando candidato, fue en el sentido de fortalecerlo o las propuestas de apoyo económico planteadas el año pasado por el CCE para reactivar la economía de la región; o años atrás, la propuesta para la rehabilitación del centro de la ciudad o Corazone, un ambicioso proyecto de reordenamiento urbano en Punta Cancún que no avanzó, al igual que la señalización y zonificación del sistema Lagunar Nichupté y menos el planteamiento de facilitación migratoria en el aeropuerto. La intención del Gobierno federal para desaparecer la Secretaría de Turismo abrió la posibilidad de afianzar la unidad de los organismos empresariales en metas comunes. En la cúspide del organigrama empresarial se encuentran los consejos coordinadores empresariales, de los cuales operan cuatro: uno en Cancún, presidido por la empresaria hotelera Cristina Alcayaga de Arroyo; otro en Playa del Carmen, presidido por el arquitecto Juan de Dios Chán; uno más en Cozumel, presidido por el constructor Roberto Olán Carrera y otro más en Chetumal, encabezado por el concesionario cervecero Mario Rendón Monforte. Entre estos organismos cúpula, la comunicación es casi nula por antagonismos regionales, lo que provoca que problemas comunes sean tratados en forma independiente. El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe fue conformado por Carlos Constandse, Abelardo Vara, Orlando Arroyo, Juan Ignacio Athié y Francisco Córdoba Lira, a imagen y semejanza del que opera en la Ciudad de México, aunque en la práctica no funciona ninguno de los entes subsidiarios como el Centro de Estudios Económicos o el Centro de Estudios Sociales que se pretendieron constituir desde el inicio. Un caso singular es la Confederación de Cámaras Empresariales -que actualmente preside en forma interina Eloy Peniche Ruiz-, una organización que a nivel de medios se precia de representar a miles de empresarios, pero a excepción de Canacintra, los organismos que la conforman son más fantasmales que efectivos, como la Cámara de la Industria de la Tortilla, que preside Pio Quinto Hernández desde hace doce años o una Cámara de Radio y TV que aparece y desaparece. La Asociación de Hoteles de Cancún (AHC) que preside Rodrigo de la Peña, representa la más valorada de las voces empresariales, seguida por el CCE que actualmente encabeza Cristina Alcayaga de Arroyo y en una posición que trata de consolidar, tras haber protagonizado un enfrentamiento interno que la desfondó, se localiza el Centro Empresarial de Cancún, filial de la Coparmex, a cuyo frente se encuentra el concesionario del transporte, Francisco Palma Leal. Hay personajes que pasan de una a otra posición, como el propio Rodrigo de la Peña, quien pasó del CCE a la AHC; Kit Bing Wong, que saltó de la presidencia de la Canirac a la presidencia de la inexistente Confederación de Cámaras Empresariales, o Manuel García Jurado, ex presidente de Canirac Cancún y después presidente de una Canirac estatal que nunca tuvo asamblea o Martha Rodríguez y Rodríguez, quien fue presidenta de la Cámara de Artes Gráficas (Canagraf) y actualmente de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), en donde es muy probable que sea reelecta por otros dos años. La Canaco, organismo con patrimonio, cooptado por empresarios priístas, encabezados por Juan Carrillo Padilla, quien ha sido presidente más de cuatro ocasiones y mantiene la primer vicepresidencia, en tanto que la segunda la posee su hijo, Juan Carrillo Figueroa. El presidente formal es Víctor Manuel Loeza. La Asociación de Arrendadores de Automóviles está disgregada. Se mantiene gracias a su presidente Iván Quiñones y un ex presidente, Tomás Morales, que prácticamente se dedican a empujar a los restantes socios para que acudan a las reuniones. La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, que tiene 40 afiliados de un universo de 140 agencias de viajes, mantiene desde hace cuatro años como presidenta ejecutiva a Alejandra Caballero. La Asociación de Proveedores de Quintana Roo es uno de los pocos organismos empresariales que se precia de haber construido un negocio, el Parque Logístico, con recursos federales y privados, durante la presidencia de Husam Elas. Jorge Fernández Cadavieco es el nuevo presidente de la Central de Abastos y de la Unión Social de Empresarios de México (USEM). A su arribo a la Central pretende impulsar créditos y certificaciones para este conglomerado de negocios. MOVIMIENTOS PENDIENTES Durante los primeros meses del año se efectúan otros cambios en diferentes organismos empresariales. En la AHC prosigue Rodrigo de la Peña, al igual que Cristina Alcayaga de Arroyo en el CCE del Caribe; en la Asociación de Arrendadores se extiende el periodo de Iván Quiñones, porque no hay más interesados en esa presidencia; en los Asociados Náuticos resalta el impulso al parque subacuático que le dio Roberto Díaz, director de AquaWorld, quien concluye su presidencia, aunque es probable que repita. En la AMPI, sección Cancún, acaba de ser electo Juan Pablo Mirabent Pizarro Suárez, un ex funcionario estatal, quien impulsará nuevamente el Barómetro Inmobiliario, una añeja herramienta que no terminan de concretar. En el Centro Bancario, que preside Aurea Margarita Velásquez Ávila, se extiende otro año. Quienes desde hace años dejaron de realizar los estudios financieros que le dieron presencia ante la comunidad de negocios. Excepción el Colegio de Contadores, que cambia de presidente dentro cuatro meses, tanto en el Colegio de Ingenieros, como en el Colegio de Arquitectos se mantienen, respectivamente, el ingeniero Rafael Lara y Carlos García Carreón |

















Amparados por más sombras que luces, los organismos empresariales en Quintana Roo encaran fraudes de sus ejecutivos; están sometidos a investigaciones federales por malversación de recursos y simulación de proyectos, son botín de grupos políticos y empresariales, carecen de representatividad por desinterés de los afiliados y otros son verdaderos “fantasmas” que aparecen y desparecen a la conveniencia de sus promotores.







