Esta es una pequeña historia de plagios, robos y audacia protagonizada por “piratas” y falsificadores en el Caribe Mexicano que aprovechan el mar de ignorancia y los vacíos legales sobre la propiedad intelectual, un tema cuya importancia se acentúo tras la apertura de México al mundo globalizado, apenas hace dos décadas, tiempo durante el cual la legislación ha ido afinándose y los abogados especializándose.

El caso de Pemex simboliza lo que sucede en el escenario de la propiedad intelectual tanto en México como en el mundo globalizado. Los chinos, grandes “piratas” del mercado internacional, han hurtado cientos de marcas, algunas mexicanas tan reconocidas como Corona, cuya presentación y tipografía se utiliza con el nombre Cerona para producir cantidades millonarias de cerveza destinada al consumo interno en el país asiático, sin que hasta el momento el largo brazo de la justicia los haya podido alcanzar.

Pero este escenario caótico y sin orden se multiplica en Internet, vivo reflejo del mundo contemporáneo, en donde el registro de nombres se adjudica al primero que lo solicita, de forma que Cancún, Tulum, Chetumal, Quintana Roo, Cozumel, Playa del Carmen, con la extensión .com, son propiedad de particulares, mayoritariamente agencias de viajes. Los mismos nombres con la extensión .com.mx o, más recientemente, la autorizada .mx, han sido adjudicados igualmente, en su mayoría, a particulares que las mantienen latentes o, en algunos casos, en venta. Destaca, excepcionalmente, el corporativo Xcaret, que ha registrado casi todas sus marcas con sus distintas extensiones.

El caso de Pemex vino a detonar el descuido empresarial por el cuidado de sus marcas. Pemex argumenta que no era posible registrar la marca en Estados Unidos, porque las leyes de EU no lo permiten si no existen programas que generen empleos; sin embargo, la firma Intermix, con sede en Islas Caimán, logró el registro para comercializar una cadena de estaciones de gasolinerías. Lo único que podrá ayudar a los abogados de Pemex es el principio de reciprocidad que mantiene México con la Unión Americana, mediante el cual el derecho de prioridad en los registros de marcas es para aquella empresa que demuestre haberlo utilizado en los años previos.

Que es un principio del cual también podrían aferrarse, si lo conocieran, los comerciantes que se sientan perjudicados por el resolutivo emitido por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial a favor del empresario isleño Juan Carlos Canul Martínez, quien desde el 2003 es el propietario de la marca IM Isla Mujeres, bajo la clase 25, registro 816849 (de 45 en total, que son 34 para productos y 11 para servicios), que ampara prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería.

CANDENTE CONFLICTO

En Isla Mujeres, los artesanos comercializan el nombre Isla Mujeres desde siempre. Pero Juan Carlos Canul Martínez, audaz y conocedor del tema, lo que hizo fue de una contundencia simple y legal: registró la marca IM Isla Mujeres ante el Instituto Mexicano de Protección Intelectual, más por el deseo de impedir que sigan proliferando las tiendas de artesanías que por ánimo de lucro. Y armó un alboroto.

Alto, con don de mando, firme pero conciliador, Juan Carlos Canul Martínez, “El Güero”, como le dicen en la Isla de la cual es oriundo, es un licenciado en administración de empresas, propietario de maquilas en Mérida.

El caso no es nuevo. Juan Carlos Canul solicitó en agosto del 2003 al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual el registro de la marca IM Isla Mujeres, dentro de la clase 25 que ampara prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería, lo cual le fue concedido el 12 de diciembre del 2003. Vale acotar que el Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Isla Mujeres tiene registrado igualmente el nombre Isla Mujeres, en la clase 35 (que ampara publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina) con el fin de utilizar productos y servicios destinados a la promoción y publicidad del turismo en Isla Mujeres, en tanto que José García Coral –Grupo Ultrafemme- tiene concedido el derecho de uso de marca Isla Mujeres, en la clase 3 (que ampara, entre otros, productos de perfumería y cosméticos).

SORPRENDE AUTORIZACIÓN

Desconocedores de la materia, hasta las propias autoridades municipales se muestran desconcertadas ante el registro que el IMPI otorgó al empresario isleño.

“Francamente, desconozco en qué términos las autoridades del IMPI le otorgaron el registro de marca a Juan Carlos Canul”, acepta Manuel Alfonso García García, secretario general del Ayuntamiento de Isla Mujeres.

Idéntica postura asume la presidenta de la Canaco Isla Mujeres, Marcelina Fritz Campuzano, comerciante por más de 20 años en la ínsula, quien reconoce desconocer cómo fue otorgado el registro, pero asegura que “si Juan Carlos Canul desea hacer lo que ya intentó hace dos años, cuando nos dijo que no podíamos utilizar el nombre de Isla Mujeres en ninguno de nuestros productos, pues yo sí protestaría y defendería el derecho de los comerciantes de la isla”.

Para ella, “el asunto de fondo es que él (Juan Carlos Canul) desea mantener su monopolio de los turistas que arriban a Isla Mujeres. Y eso no es justo. Creo que deberíamos todos los comerciantes esforzarnos porque lleguen más turistas para que todos seamos beneficiados”.

Sabedor de que “tengo la sarten por el mango”, Juan Carlos se muestra confiado de que ganará todas las demandas que presente por quienes siguen utilizando la marca sin su consentimiento.

“Actualmente tengo demandadas a 10 establecimientos aquí en Isla. ¿Crees que se me han acercado para negociar? Para nada. Me da la impresión que desconocen la gravedad de sus acciones y que solo van a reaccionar cuando traiga nuevamente a los inspectores del Instituto de la Propiedad Industrial a ejecutar la Ley”.

Pero, conciliador, dice que “estoy dispuesto a negociar; es más, hasta a venderle la marca al Municipio si llegamos a un acuerdo. Porque esto lo he hecho para que las autoridades entiendan que no pueden estar expidiendo permisos sin ningún orden y regulación a cuanto artesano llegue a la isla”.

Por lo pronto, Juan Carlos difundió en diversos medios un documento que parece ultimátum, en el cual informa “a todo el comercio en general” sobre el resolutivo a su favor emitido por el IMPI, “toda vez que estoy enterado que están utilizando en diversos artículos de ropa de playa, recuerdos, bolsas y sombrería, el citado registro marcario, así como también utilizan la leyenda Isla Mujeres, la cual es similar en grado de confusión a la del suscrito”, advirtiéndoles que no detenerse “procederé en su contra por vías legales administrativas y penales”.

JUGOSO NEGOCIO

¿Te parece justo, aunque tengas la razón legal?

“Lo que pasa es que yo me adelanté. En Isla Mujeres por años se ha vendido ropa de playa. El punto está en eso. A mi el IMPI me concedió la marca, yo no cree la Ley, ni les doblé el brazo a los funcionarios federales para que me autorizaran la marca. Lo que creo es que el desconocimiento de la Ley podría provocarle a los infractores serios problemas. Nadie, lo dice claramente la Ley, puede usar comercialmente una marca parecida en grado de confusión a otra parecida.

“Hay infracciones administrativas y penales, con multas hasta por un millón de pesos, clausuras y arrestos. Son delitos federales. Independientemente de la indemnización que en los términos de la Ley deben retribuirme, que es hasta del 40 por ciento de los ingresos que obtienen. Pese a esa gravedad, nadie se me ha acercado para conciliar. Puedo vender la franquicia. Estoy en esa disposición.

“Entiendo que quieran impedirme que siga demandando, pero voy a seguir. Trataron de aplastarme, me estoy defendiendo, pero tampoco son un sirvenguenza. Si quieren, negociamos, porque a final de cuentas, soy comerciante”.